La Ciencia Política en un eventual escenario de posacuerdo
En nombre del señor Decano Hernando Uribe Vargas y de la Dirección del Programa de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, reciban una cordial bienvenida. Saludamos de manera especial y fraternal a los panelistas, directores, profesores, estudiantes y demás representantes de las universidades que constituimos la naciente Red de Programas de Ciencia Política de las universidades del Norte de Bogotá (1), iniciativa académica en torno al recientemente anunciado proceso de paz entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional – ELN.
Con el propósito de dar apertura al segundo evento del Ciclo de Conversatorios: "El ELN, un actor central para la Paz. Desarmar la cultura de la guerra”, dedicado al tema de las Negociaciones y las lecciones aprendidas, me permitiré compartir con ustedes tres reflexiones frente a la naciente Red de programas de Ciencia Política que se está construyendo y frente al proceso de paz con el ELN a la luz, especialmente, del proceso que igualmente adelanta el Gobierno del presidente Santos con las FARC en la Habana Cuba. Palabras que aspiran servir como abrebocas y ser un prolegómeno al ciertamente rico y productivo debate que tenderemos el día de hoy. Reflexiones que evidentemente coinciden y reflejan, en algunos casos, muchos elementos que desde múltiples sectores políticos y académicos se están planteando a nivel nacional frente a este tema. 1. La importancia de la convergencia y la cooperación entre universidades El difícil contexto nacional e internacional marcado por un entorno de crisis y desigualdad política y económica, nos exige, hoy más que nunca, aunar esfuerzos no sólo para analizarlo y explicarlo, sino para aportar propuestas a la generación de alternativas a la solución de los problemas que en estos campos se presentan. La academia y la disciplina, en el marco por su puesto de nuestra Asociación Colombiana de Ciencia Política - ACCPOL, está llamada en ese sentido a dos cosas: a crear conocimiento y a vincularse más con la sociedad. Es por esto nos acercamos algunas universidades ubicadas en el norte de Bogotá para aunar experiencias y capacidades desde la Ciencia Política y para aportar en el debate, discusión y diseño de propuestas para la solución de algunos problemas nacionales, entre ellos, inicialmente, el tema de la paz. Aun cuando la Red de Programas de Ciencia Política de las universidades del Norte de Bogotá está en una fase embrionaria, presiento que avanzará no solo en la ampliación de su agenda académica hacia temas como las políticas públicas locales y regionales, el desarrollo económico y social, sino hacia la consolidación de un espacio de cooperación académica que impacte e incida en la ciudad y el país. La acertada, oportuna y casi anticipatoria idea de arrancar con el estudio y análisis colectivo de un eventual proceso de paz con el ELN, constituye entonces la prueba-promesa de su consolidación y sostenibilidad. No obstante la red a la que le estamos apostando surja de un territorio tan complejo, diverso y estigmatizado (para bien y para mal) como el norte de Bogotá, ésta debería responder a tres necesidades: 1) Romper las lógicas y lo sistemas de referencia cardinal que territorializan de manera ensimismada y excluyente el conocimiento y el saber. Es decir desarticular los puntos cardinales con el propósito de explicar que el norte es el sur de otro punto y que, a su vez, no es el final de la ruta o el otro extremo, sino el continente en que nacimos. 2) construir comunidad académica sobre, en, desde y para el territorio donde se constituye en nuestro caso en perspectiva de ciudad-región; 3) integrar, desconcentrar y atraer el debate politológico de las universidades del centro, oriente y occidente de la ciudad, que ya tienen mayor tradición y desarrollos en diversos temas hacía éste sector de la ciudad; y 4) pensar y actuar con proyección distrital, departamental, nacional e internacional. 2. Justicia transicional, negociaciones y lecciones recientemente aprendidas Es para muchos conocido que, tanto a título personal, político y profesional, nunca he compartido, ni avalado la lucha armada, ni el secuestro y mucho menos el terrorismo; en general, he reprobado el uso de la violencia, y siempre he defendido la idea de una solución política y negociada al conflicto armado. Es más, desde escenarios académicos y políticos siempre he sido defensor de la lucha política democrática y civilista y por el respeto a las normas. Así mismo, he reconocido el monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado con sus respectivos límites y controles. Por esto hago votos por un cierre exitoso de las negociaciones de paz de la Habana y por el pronto inicio de la fase pública de negociaciones con el ELN y su desarrollo tranquilo y satisfactorio. Tener en cuenta la complejidad de un conflicto armado y un proceso de paz implica recordar y ser conscientes de dos principios básicos. Primero, que la mayor parte de los conflictos armados son producto de una decisión política. Es decir que, de la misma forma en que el inicio de la guerra es una decisión política, su terminación también lo es. Y, segundo, que hay dos formas de terminar un conflicto o bien por la derrota militar del oponente (cosa que no han logrado ni el Estado, ni las guerrillas en Colombia) o por un acuerdo político de paz entre las partes. Ejemplos de estas dos formas de terminación de los conflictos hay muchos. Desde referentes históricos como la Segunda Guerra Mundial (Juicios de Núremberg y de Tokio ), pasando por la violencia liberal y conservadora (Frente Nacional) y terminando con los procesos de paz con el M19 (Ley de indulto 77 de 1989) y los grupos paramilitares (Ley de Justicia y Paz 975 de 2005). Cada uno de ellos evidencia que la finalización del conflicto se da con la derrota del oponente o con un acuerdo político de voluntades entre las partes que lleve a la dejación de las armas y a la paz. En ese orden de ideas, una Justicia Transicional se convierte en una solución jurídica apropiada a un problema político que degenera en situaciones de anormalidad y violencia. Sus principios fundamentales sobre verdad, justicia, reparación y la garantía de no repetición, se fundan en el compromiso y la voluntad política del actor armado ilegal de abandonar las armas; de autocriticarse frente a su actuar; reconocer el monopolio legal y legítimo de la fuerza por parte del Estado y el otorgamiento de ciertos beneficios en términos de una justicia especial a aquellos actores que cumplan lo acordado. En síntesis, un acuerdo de paz y los mecanismos jurídicos que de allí se desprendan en el marco de una Justicia Transicional, expresan las esencia y garantía de un posible escenario de postacuerdo o como algunos analistas un poco más aventurados denominan postconflicto. El problema de una justicia transicional está, no tanto en la utilidad de su aplicación dado el consenso que hay al respecto, sino en cómo debe entenderse. Allí está el centro del debate y la polémica. Sin embargo, la invitación es a evitar ver a la Justicia Transicional con los ojos de la Justicia Ordinaria, ya que esta última no está concebida para propiciar una transición a tiempos de paz y concibe la justicia desde una óptica política distinta. Un aspecto positivo de este modelo es que, en teoría, permite el ejercicio soberano en la definición de rutas jurídicas y de estándares mínimos de justicia. Es decir que, a pesar de los fuertes vínculos con la comunidad internacional, ésta no puede definir, ni decidir en lo acordado. En términos de negociaciones y lecciones recientemente aprendidas, el Ejército de Liberación Nacional es un actor importante, aunque no central, que sin duda deberá evaluar experiencias vividas por ellos en las dos ocasiones anteriores, uno a principios de los 90 con el entonces presidente César Gaviria (1990- 94), y otro durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010). Pero podrán también tener en cuenta lo negociado por las FARC en la Habana, por tanto ha resultado hasta el momento ser el ejercicio reciente más avanzado y prometedor de procesos de paz con guerrillas. Obviamente, esta valoración seguro no resultará de un ejercicio mecánico de incorporación de lo pactado en un acuerdo y llevado al otro, dada las particularidades, características e intereses propios del ELN, sino de la adaptación del esquema jurídico transicional que deja el proceso de la Habana, y otros más anteriores, como herencia transicional. En este sentido, la negociación y los avances del proceso de paz con las FARC en el marco de la teoría de una Justicia Transicional se muestra como un proceso avanzado y prometedor, que podrá iluminar el proceso con el ELN, en tanto que se proyecta como: irreversible; de carácter y aplicación general; y generador de confianza entre las partes, ya que aplica el principio de que “Nada está acordado, hasta que todo sea acordado”. 3. Refrendación de los acuerdos y el desarme de la cultura de la guerra En relación al tema de los mecanismos de refrendación de lo pactado en la Habana y lo que se pacte con el ELN, en el marco de los esquemas de justicia transicional, tengo tres comentarios:
Considero que el plebiscito podría ser el mecanismo más apropiado e incluso, llegado el momento, apoyaría o promovería el SÍ para su aprobatoria.
A pesar de que el presidente Santos lo propuso y sea un mecanismo conveniente, el debate alrededor de este mecanismo ha demostrado polarizar y calentar los ánimos. Lo anterior en virtud a que hay sectores políticos significativos que no los aceptan; y porque hasta el mismo presidente Santos ha utilizado este instrumento como arma política para propiciar ‘unanimismos clientelares’ e imponer su agenda neoliberal, cooptando o distrayendo la atención frente a muchas reclamaciones legitimas de la sociedad distintas a la paz, reduciendo mucha veces, también, las posturas de los actores políticos en el debate como un problema de amigos o enemigos de la paz. A pesar de que el presidente Santos lo propuso y sea un mecanismo conveniente, el debate alrededor de este mecanismo ha demostrado polarizar y calentar los ánimos. Lo anterior en virtud a que hay sectores políticos significativos que no los aceptan; y porque hasta el mismo presidente Santos ha utilizado este instrumento como arma política para propiciar ‘unanimismos clientelares’ e imponer su agenda neoliberal, cooptando o distrayendo la atención frente a muchas reclamaciones legitimas de la sociedad distintas a la paz, reduciendo mucha veces, también, las posturas de los actores políticos en el debate como un problema de amigos o enemigos de la paz.
Ahora bien, si fracasa la propuesta de plebiscito en el Congreso, en las Cortes o en las urnas mismas, lo cierto es que importantes juristas argumentan de manera sólida que no se requiere, ni es necesariamente obligatorio. Aunque el plebiscito, como recurso democrático y legitimador es el más apropiado, el ejecutivo cuenta con otras herramientas para su aprobación, tal como ha pasado en otros momentos de la historia.
Derivado de lo anterior, es comprensible la desconfianza frente al proceso de las FARC y el escepticismo frente al ELN, pero la sola posibilidad de que cambie o se renuncie a la decisión política que dichos actores tomaron de usar las armas, es más que suficiente para creer en las partes. Si bien hay hechos históricos anteriores que alientan la desconfianza, la verdad es que también hay otros que dan esperanza. En el caso del proceso con las FARC, por ejemplo, la sola tregua unilateral, la reducción de la violencia y las conversaciones preliminares con militares para la dejación de las armas (zonas de concentración, entrega y desaparición de armas) es un logro esperanzador dentro del proceso. Dicho de otra forma, si bien los procesos con las FARC y el ELN son inciertos y los escenarios de postacuerdo también lo son, no podemos renunciar a los anhelos de paz por los temores que genere el posacuerdo. En síntesis, en el caso de lo pactado hasta el momento con las FARC, en términos de negociaciones y lecciones aprendidas, y lo que esperamos se avance con el ELN puede significar un avance positivo, no solo por lo que en términos de paz significa, sino porque abrirá un mundo de posibilidades para que en Colombia se pueda ejercer la oposición y la lucha política civilizada y además, se puedan discutir y resolver otros temas fundamentales que hoy la aquejan como la pérdida de soberanía nacional, la quiebra económica del campo y la ciudad, la pobreza, el desempleo y otras, que hasta el momento pasan desapercibidos por este flagelo de la violencia que ha martirizado al país por más de 50 años. Muchas gracias. (1) Universidad El Bosque; Universidad San Buenaventura, sede Bogotá; Universidad Militar y Universidad de La Sabana.