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La legalidad ilegítima de Mockus

Foto del escritor: Yeilor Rafael Espinel TorresYeilor Rafael Espinel Torres

Lo que está en discusión en estas elecciones es la legitimidad o no del modelo neoliberal, de ahí la importancia de escoger un buen candidato. Debemos hacer memoria y recordar que es precisamente la legalidad del régimen neoliberal en Colombia la que ha condenado a millones de compatriotas a la explotación laboral, al desempleo, la pobreza y la indigencia, legalidad defendida hoy por los candidatos presidenciales que puntean en las encuestas.

No se trata entonces de menospreciar o despreciar la legalidad, sino de ponderar el carácter y efectos de la misma. Mucho menos pretendo con estas palabras hacer una apología a la ilegalidad, ni más faltaba. La recurrencia del candidato presidencial Antanas Mockus a la Legalidad nos exige reflexionar dicho concepto a la luz de la Legitimidad. Sobre todo cuando en Colombia el “apego a la ley”, particularmente la ley neoliberal, ha significado tremendas y catastróficas consecuencias en lo económico, social y político. Según el diccionario el principio de Legalidad hace referencia al “principio jurídico en virtud del cual los ciudadanos y todos los poderes públicos están sometidos a las leyes y al derecho” Por su parte, la Legitimidad se entenderá entonces como el reconocimiento, aceptación y apropiación de la ley, en otra palabras, algo legítimo es algo socialmente aceptado que convoca el apoyo general. Este concepto no desconoce la idea del sometimiento a la ley que trae implícito el concepto de Legalidad pero si la redimensiona. Más allá de las objeciones que uno pueda tener frente a esta visión, particularmente sobre la igualdad “aparente” que otorga la ley (ficticia por lo demás), lo cierto es que pensar la política en términos de Legitimidad permite proyectar, al menos en teoría, una suerte de “voluntad general” realmente democrática que, además de propiciar el reconocimiento de la ley, suscite un acatamiento natural a la misma. La distancia entonces entre legalidad y legitimidad reside en el grado de aceptación o rechazo a la norma. Esto en ciencia política remite a la eterna y clásica discusión, sobre que “No todo lo legal suele ser siempre legítimo”, en otras palabras, la clave es preguntarse ¿Cuándo una política es legítima? y ¿Cuándo una política es meramente legal? El candidato Mockus enarbola el cumplimiento de la Ley Neoliberal como elemento diferenciador y bandera de campaña. En tal sentido pregunto: ¿Será que los gobiernos Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe I y Uribe II, no se han ceñido a la ley? En cuanto la aplicación de la ley 100 de 1993, por ejemplo, todos coincidieron y rindieron fidelidad a la legalidad impuesta por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Qué diferencia hay entre estos gobiernos y el eje de campaña de Mockus? La verdad, ninguna. Tanto unos como otros, todos han sido respetuosos de la legalidad. No ha existido mayor apego a la ley que la que han demostrado los últimos gobiernos en cuanto la aplicación de leyes neoliberales, aun cuando dicha legalidad haya implicado trascender (por no decir agredir) las legítimas demandas, exigencias y necesidades de la población. A propósito de la crisis de la salud y los inexequibles decretos de emergencia social promulgados por el gobierno de Uribe II, el candidato Mockus manifestó a la W Radio, con pleno apego a la ley, su apoyo y aceptación a dichos decretos (con muy pocas reservas). Muy a pesar de que miles y miles de personas en plazas y calles de Colombia se manifestaban no solo contra la ilegalidad sino la ilegitimidad de los mismos y contra la misma ley 100. Por otro lado, la respuesta del candidato Mockus al tema de las Bases militares Norteamericanas refleja, al igual que en otros tópicos de agenda internacional, total respaldo a la legalidad neoliberal. Frente a la pregunta: ¿Cree que se debe mantener el convenio con E.U. para que militares de ese país puedan utilizar bases colombianas? El candidato verde, a pesar de manifestar dudas al respecto, respondió: “Sí. Ese convenio está vigente y en el marco de la Constitución hay que respetarlo (…)” Esta respuesta me suscita múltiples objeciones de carácter político, puesto que, el tema de la soberanía nacional es un criterio que desborda lo legal y se ubica en el plano de lo legítimo de las naciones. La ley 100 de 1993 de salud es legal pero, ¿son legítimos los “paseos de la muerte”? La ley 142 de 1994 de Servicios Públicos es legal pero, ¿son legítimas las exageradas y onerosas tarifas en las facturas? Son legales los Tratados de Libre Comercio con USA y Europa pero, ¿es legítima la quiebra del sector agropecuario, industrial, etc., que ellos propician? Son legales, la flexibilización laboral y las cooperativas asociadas de trabajo pero, ¿son legítimos los pésimos salarios y las inhumanas condiciones de trabajo de miles de colombianos? En consecuencia, propongo tener en cuenta tres elementos a la hora de elegir el próximo 30 de Mayo. La primera es precisar las diferencias entre legalidad y legitimidad; la segunda, es apoyar las políticas públicas y las leyes no sólo por su legalidad sino también por su legitimidad y por último, elegir al candidato que en el discurso y la práctica defienda auténticamente la democracia, el trabajo, la producción, la soberanía nacional y represente realmente un cambio seguro, como Gustavo Petro, quien hasta el momento, junto al Polo Democrático Alternativo, ha dado pruebas fehacientes de firmeza y gallardía patriótica en defensa de la Nación y sus gentes. Frente al caso de la salud y las bases militares norteamericanas, no basta con comportarnos como pasivos subordinarnos a la ley como lo sugiere el candidato presidencial Mockus, sino como personas activas y críticas que cuestionan sobre la legalidad y la legitimidad de estas medidas e imposiciones. A 200 años de nuestra independencia, la contienda política y electoral en Colombia exige programas políticos serios, responsables y sobre todo coherentes no sólo con la ley, sino con lo que el país requiere y merece legítimamente.

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